Javier Salinas, precandidato a la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), advirtió que el Gobierno del Estado de México debe aclarar y solventar un promedio de 11 mil millones de pesos del ejercicio fiscal 2015 que le fueron observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública correspondiente, si desea evitar que se finquen responsabilidades.
Las observaciones, lamentó, fueron detectadas en áreas tan delicadas como seguridad pública, educación y salud. Las anomalías más comunes, refirió, son pagos no acreditados, recursos no ejercidos o subejercicios.
Del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se encontraron recursos no ejercidos por 116 millones 307 mil 800 pesos, falta de documentación comprobatoria de los elementos evaluados en habilidades y destrezas por 3 millones 975 mil pesos, y falta de aplicación de penas convencionales por 202 mil 300 pesos. “Como si en este rubro la entidad se pudiera dar el lujo de subejercer recursos para contener los elevados índices delictivos”, lamentó.
En Subsidios a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial, se encontraron bienes adquiridos mediante adjudicación directa sin justificar la excepción de la licitación pública ni acreditar los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.
El Gobierno del Estado de México inobservó la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación, en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 143 mil 739 millones 200 mil pesos -0.5 por ciento de la muestra auditada-.
En el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos también se inobservó la normativa y se detectó un probable daño al erario federal por 3 millones 253 mil 900 pesos.
Del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se determinaron recuperaciones probables por 658 millones 853 mil 200 pesos por diferencias entre el monto ejercido y el saldo de la cuenta bancaria pendiente de devengar, pagos de recargos y actualizaciones de ISR, pagos al personal que no acreditó el perfil del puesto y pagos al personal posteriores a la baja.
En el Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán, se pagaron 32 millones 364 mil 400 pesos en tres conceptos extraordinarios sin acreditar el manejo del material especial “residuo sanitario” por el que se autorizaron precios unitarios extraordinarios.
No se planearon y programaron adecuadamente los trabajos del Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial de Toluca, el convenio modificatorio del contrato de obra pública no fue suscrito de manera conjunta por los servidores públicos facultados, no se registraron en la bitácora electrónica las autorizaciones de las estimaciones y se pagaron precios unitarios extraordinarios sin formalizar el convenio respectivo.
No fueron ejercidos 869 millones 305 mil 100 pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples. También se subejercieron 32 millones 893 mil 600 pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
Falta evidencia y acreditamiento de mil 254 millones 339 mil 100 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Se observaron mil 958 millones 157 mil 300 pesos en programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; Tratamiento de Aguas Residuales; Desarrollo Regional Turístico Sustentable, y Regionales; y de los fondos Metropolitano y de Contingencias Económicas.
En el Corredor Tronco Alimentador Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán se autorizaron pagos duplicados en tubería de concreto por 66 mil 300 pesos; y se pagaron un millón 692 mil 400 en jornales no justificadas de bandereros, 902 mil 900 en mobiliario infantil y para gimnasio instalado en parques no contratados, un millón 124 mil 800 por la construcción de una lumbrera sin justificar los rendimientos de materiales y mano de obra, 430 mil 600 pesos en bolardos que no cumplen el alcance contratado y con errores en su cuantificación; las estimaciones abarcan periodos de ejecución mayores y la entidad fiscalizada no ha acreditado el pago.
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