06/04/2017 89 NOTICIAS
Texcoco,
Estado de México. - María Teresa Castell
de Oro Palacios, candidata
independiente por la gubernatura del Estado de México, acudió a
la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México, para denunciar a
la también candidata por Morena, refiriéndonos
a Delfina Gómez Álvarez, por haberse
asignado, durante su gestión como presidenta municipal de Texcoco, un finiquito por la cantidad de
440 mil pesos.
Con un
informe del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México, la abanderada de Morena se transfirió 217,279.15 pesos
el 16 de enero de 2015, como una
gratificación extraordinaria. Sin embargo, a esta cantidad se suman 220,191.43
pesos desviados con fecha del 31 de marzo del mismo año.
La
documentación contiene las firmas y las pólizas del pago con proveniencia de las
arcas municipales.
Castell, detalló
que, a más tardar en dos semanas, la Fiscalía le otorgará los informes correspondientes
respecto al proceso que lleva su acusación, negándose de manera rotunda a que
esta demanda contra Delfina Gómez Álvarez, forme parte de una “guerra sucia”,
al ser rival en la contienda por la gubernatura mexiquense, al afirmar que su
inconformidad la presentó como ciudadana.
Castell también dejó en claro que
su objetivo es que se haga justicia y que Delfina Gómez Álvarez exponga y
declare por qué se finiquitó los 440 mil pesos mexicanos.
Resulta importante
recalcar que la “gratificación
extraordinaria” que se autorizó la ex edil, no corresponde al
sueldo base que entonces percibía, ya que la cantidad era de 93,669.41 pesos
con una gratificación no mayor a los 9,367 pesos.
Debido a
lo anterior, Gómez Álvarez está
infringiendo el artículo 42 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece lo
siguiente: “está prohibido que un servidor público cause daño a la hacienda
pública municipal por el manejo irregular de fondos municipales o por irregularidades
en el ejercicio o pago de recursos presupuestales del municipio”.
Desde luego, esta situación pone
a la candidata de Morena en
un delito grave, pues al tratarse de un “delito” administrativo, podría
obligarla a pagar una condena por seis años con 300 días de multa.
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